El ladrón detrás del juez

Se agotan los tiempos y el plan Transantiago sigue en coma, poniendo a prueba la paciencia de miles de ciudadanos de a pie. Como un humilde usuario más del sistema, puedo decir que hay cosas que me enervan tanto o más que el hecho de sentir que nos están tocando los cojones y están abusando de nuestra mansedumbre.

Me molesta, por ejemplo, ver a señores a los que, estoy seguro, jamás me toparé en el metro –para no hablar de una micro–, decir que el plan está muerto. Y que la solución consiste en resucitar el sistema de las cacharrientas micros amarillas con el que la mano invisible del mercado solucionaba el problema del transporte público.

Me pone de muy mal humor, por otra parte –y no es porque yo no sea pluralista y no crea en la libertad de expresión para todos, incluyendo a quienes no nos resultan simpáticos–, contemplar en el noticiero de medianoche de TVN al señor José Yuraszeck, entrevistado por una periodista, ante la cual dio cátedra de las razones por las que había anunciado de antemano el fracaso del dichoso plan.

Confieso que este caballero, que es uno de los actuales controladores de la Viña Undurraga, tras vender ventajosamente sus acciones en Sal Lobos, y que fue condenado y multado por la justicia luego de una denuncia de la Superintendencia de Valores y Seguros por el uso de información privilegiada en el caso Chispas, no es santo de mi devoción por razones varias.

Ex alto ejecutivo de Chilectra durante la dictadura de Pinochet, terminó tomando el control de Enersis y después de Endesa mediante los artilugios del llamado “capitalismo popular”. Y no lo digo yo, sino la periodista María Olivia Monckeberg, en su libro “El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno”.

Dicen que empezó su ascendente carrera como militante de los grupos de choque de Patria y Libertad en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular. Pero probablemente esos son sólo rumores infundados echados a correr por quienes han mirado siempre con envidia a este hombre “hecho a sí mismo” que ascendió desde la pedestre clase media hasta las más altas cumbres del empresariado criollo.

Lo cierto es que, desde el punto de vista periodístico (y sólo desde éste, subrayo la palabra), no me parece lo más apropiado convocar como fuente sobre un tema tan controvertido a quien tuvo hasta hace poco intereses personales muy concretos comprometidos en el asunto a través de Redbus. Una empresa de la que decidió deshacerse una vez que anunció a los cuatro vientos que el Transantiago no resultaba viable económicamente con un pasaje por un monto menor a un dólar (520 pesos, al cambio de hoy).

O sea, francamente no me parece que corresponda invitarlo como “experto” cuando el hombre claramente no es un observador imparcial. Y estoy dejando de lado el hecho de que sea además un reconocido dirigente de la UDI y –supongo, asimismo– una de sus fuentes de financiamiento.

Esa actitud de quienes dirigen el área periodística del canal público es, entonces, en mi opinión, no sólo injustificada desde el punto de vista meramente informativo, sino que representa también una suerte de autoflagelación perversa cuando está visto que la oposición de derecha pretende hacer del tema su principal caballito de batalla.

Hacer cosas como éstas significa, lisa y llanamente, como dice un amigo mío, darse un balazo en el pie. Y es equivalente a llamar a una licitación para definir quiénes serán los operadores de los nuevos recorridos y concedérsela –en una proporción de un tercio del total– a los enemigos históricos de cualquier cambio en materia de transporte, pues el cambio representa, para ellos, el flagrante temor de darle muerte a la gallina de los huevos de oro.

Por eso, me indigna salir por la mañana y descubrir a la gente común, a la gente como uno, aglomerada en los paraderos esperando micros que no llegan. Mucho me temo (y creo no ser el único que piensa lo mismo) que los concesionarios están saboteando por todos los medios a su alcance el Transantiago. Tirando de la cuerda hasta que la bronca estalle, para luego culpar de los reventones a los funcionarios de un gobierno que aún no se decide, al parecer, a hacer uso de la autoridad ante los poderosos de siempre.

Porque uno quisiera ver al ministro Cortázar inspeccionando en terreno el cumplimiento de los compromisos que los empresarios adquirieron al hacerse cargo de la operación de las micros. Pero hasta ahora, lamentablemente, sólo se ha visto su perfil de hombre más apropiado para las reuniones de directorio que para la acción en la calle, prometiendo castigos que nunca llegan y diciendo que reza todos los días para que no llueva (sic).

Así las cosas, la gente de a pie se siente manoseada y pisoteada a diario, en medio de un fuego cruzado mediático en el que lo único que abunda es la confusión. La misma que se expresa en cadenas de mails apócrifos con un supuesto poema de Nicanor Parra, en el que éste asegura (estoy casi seguro que se trata de un invento, ni siquiera muy bien planeado) que el de Michelle Bachelet es “el peor gobierno de los últimos cien años de historia, salvo el del que te dije...”

U otro correo electrónico, más siniestro aún, donde se comparan –con fotos de archivo y algunas más recientes– gobiernos encabezados por médicos socialistas, las colas que supuestamente éstos generan por una maldición de carácter histórico y el desenlace que presuntamente nos espera si seguimos marchando por el mismo camino.

Arauco tiene una pena

“Arauco tiene una pena/ que no la puedo callar,/ son injusticias de siglos/ que todos ven aplicar,/ nadie le ha puesto remedio/ pudiéndolo remediar./ Levántate, Huenchullán...”
(Violeta Parra)



La noticia principal en estos días es (y no debería dejar de ser, por más que a uno le emborrachen la perdiz con la secta ABC1 u otros temas del mismo calibre informativo) la muerte del trabajador forestal Rodrigo Cisternas, como resultado de serios incidentes con la policía que se registraron el jueves pasado en Arauco.

Fernando Léniz, ex ministro de Economía de Pinochet y actual dirigente de la Corporación de la Madera (Corma), calificó la acción de Cisternas como un acto “casi terrorista”, refiriéndose al hecho de que el obrero muerto por las balas de Carabineros embistió antes a tres vehículos de la institución con maquinaria de carga.

Funcionarios de alto nivel del gobierno se apresuraron, por su parte, a declarar que la policía uniformada actuó de acuerdo a los procedimientos y protocolos acordados para enfrentar este tipo de desbordes del orden público. Y digo se apresuraron porque, a mi juicio, no correspondía adelantar juicios sobre una situación que, en principio, al menos parece poco clara.

Algunos canales de televisión, en tanto, se plegaron de manera absolutamente acrítica al discurso oficial (¿la fuerza de la costumbre?) haciendo entrevistas a los carabineros levemente heridos a causa del incidente del choque de vehículos desde las camas del hospital en que se recuperaban del hecho. Un hecho, sin duda, harto menos traumático e irreversible que el de la muerte de Cisternas, que debió enfrentar su viuda, Evelyn Sanhueza, de 23 años, y madre de un niño de cinco años.

No conozco mucho acerca de los procedimientos policiales, y no pretendo ahora convertirme en un experto en estas materias, pero es del más obvio sentido común pensar que la máquina que conducía Cisternas pudo haber sido detenida si los carabineros, en vez de dispararle al conductor, disparaban a los neumáticos. Eso se llama, supongo, “uso proporcional de la fuerza”, un elemento que siempre se debería tener en cuenta a la hora de disolver manifestaciones hostiles. Pero parece que el mismo no figura en el manual de los organismos represivos que allí actuaron.

Sí figura, en cambio, en la estrategia comunicacional de la empresa hablar de un “complot comunista” para agudizar el conflicto con vistas a generar desorden y subversión en la zona. Y en apoyo de tal tesis se alude a que uno de los dirigentes gremiales del sector sería miembro del comité central del PC.

De acuerdo a la legislación actualmente vigente, los líderes sindicales no pueden ser candidatos a puestos de legisladores. Esta es una herencia de la institucionalidad dejada por la dictadura. Por tanto, se podría agregar además a esta prohibición la de impedir, por medio de una norma expresa, que los comunistas sean también dirigentes sindicales. Así, si ya la tienen bastante difícil para llegar al Congreso, con el famoso sistema binominal, tampoco podrían aspirar a representar a los trabajadores. Y de a poco se les podrían conculcar sus derechos de tal modo que hasta se los podría declarar ilegales como en la época de Gónzalez Videla, y, cómo no, don Augusto.

Lo cierto es que detrás de toda esta parafernalia macartista se esconde el deseo de no soltar la teta de las ganancias escandalosas a costa de subterfugios tales como la tercerización en la contratación de mano de obra. Para lo cual Bosques Arauco, la filial de Celco, la nave insignia del grupo Angelini, que actúa en la zona, emplea –como otras tantas grandes corporaciones- el viejo truco de la subcontratación. De este modo, ellos pueden decir: este lío no nos concierne a nosotros, sino a nuestras subcontratistas, que son los responsables de mantener en pie un sistema de explotación salvaje y despiadado.

Por eso es que el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, llamó a la empresa a hacer una propuesta seria para cerrar esta pugna cuyo costo social finalmente ha debido pagar el gobierno, haciéndose cargo de una muerte que claramente se puede endosar a la codicia excesiva de los grandes grupos económicos.

Para nadie es un misterio que las condiciones laborales de los trabajadores forestales que venden su fuerza de trabajo a los contratistas de Bosques Arauco son pésimas. “Un operador de sierra gana sólo 70 mil pesos mensuales, y un silvicultor no anda muy lejos de esa cifra. Todo depende de la producción que sea capaz de cumplir. Hay que trabajar hasta 12 o 14 horas para aumentar el sueldo. La subcontratación, a la que Forestal Arauco le saca el máximo de partido, dicen los trabajadores, permite que esas condiciones laborales se mantengan”, señala el diario oficialista La Nación.

Se sabe además que la empresa, en el año 2006, obtuvo ventas por más de 2 mil 850 millones de dólares, con una ganancia de 619 millones de dólares, equivalentes a casi 2 millones de dólares diarios de ganancia, aumentando 41 % respecto del año 2005. Y en este primer trimestre de 2007 lleva 164 millones de dólares de utilidades, según cifras oficiales que algunos estiman son bastante conservadoras.

A partir de esto, se calcula entonces que si la empresa decidiera poner cinco millones de dólares sobre la mesa (menos del 1 por ciento de las rentabilidades que obtuvo el año pasado), existirían buenas posibilidades de que el conflicto laboral se resolviese. Pero no: la sacrosanta mantención a rajatabla del modelo económico imperante exige que los empresarios rechacen la alteración en las reglas del juego que significa que se les intente imponer la negociación interempresa y por áreas, tal como lo hicieron el año pasado los contratistas de Codelco.

Por eso también se protesta a coro cuando se habla de alzar el salario mínimo o de reformas al sistema laboral. Porque el modelo se basa en la casi nula capacidad de negociación de los sindicatos.

Mientras tanto, el mismo suplemento de El Mercurio, Economía y Negocios, que alerta sobre “el peligroso trasfondo del conflicto laboral que afectó a Celulosa Arauco”, desde la óptica, por cierto, de la Corma, informa que Andrónico Luksic se compró un “fabuloso” avión Cessna Citation X cuyo precio superaría los US$25 millones. Y puntualiza que no es el único que se da ese pequeño lujo, mencionando a otros empresarios en la nota, y aclarando que la mantención de un avioncito ejecutivo puede costar entre 350 mil y hasta ocho millones mensuales.

Claro, con ese nivel de gastos, ¿quién puede hacerse cargo, entonces, de atender las molestas reivindicaciones de los trabajadores que son motorizados por la CUT, el Partido Comunista, la insurgencia mapuche o Al Qaeda, siguiendo esa peregrina y mercurial idea que consiste en echarle la culpa al empedrado por la conflictividad social?