Arauco tiene una pena

“Arauco tiene una pena/ que no la puedo callar,/ son injusticias de siglos/ que todos ven aplicar,/ nadie le ha puesto remedio/ pudiéndolo remediar./ Levántate, Huenchullán...”
(Violeta Parra)



La noticia principal en estos días es (y no debería dejar de ser, por más que a uno le emborrachen la perdiz con la secta ABC1 u otros temas del mismo calibre informativo) la muerte del trabajador forestal Rodrigo Cisternas, como resultado de serios incidentes con la policía que se registraron el jueves pasado en Arauco.

Fernando Léniz, ex ministro de Economía de Pinochet y actual dirigente de la Corporación de la Madera (Corma), calificó la acción de Cisternas como un acto “casi terrorista”, refiriéndose al hecho de que el obrero muerto por las balas de Carabineros embistió antes a tres vehículos de la institución con maquinaria de carga.

Funcionarios de alto nivel del gobierno se apresuraron, por su parte, a declarar que la policía uniformada actuó de acuerdo a los procedimientos y protocolos acordados para enfrentar este tipo de desbordes del orden público. Y digo se apresuraron porque, a mi juicio, no correspondía adelantar juicios sobre una situación que, en principio, al menos parece poco clara.

Algunos canales de televisión, en tanto, se plegaron de manera absolutamente acrítica al discurso oficial (¿la fuerza de la costumbre?) haciendo entrevistas a los carabineros levemente heridos a causa del incidente del choque de vehículos desde las camas del hospital en que se recuperaban del hecho. Un hecho, sin duda, harto menos traumático e irreversible que el de la muerte de Cisternas, que debió enfrentar su viuda, Evelyn Sanhueza, de 23 años, y madre de un niño de cinco años.

No conozco mucho acerca de los procedimientos policiales, y no pretendo ahora convertirme en un experto en estas materias, pero es del más obvio sentido común pensar que la máquina que conducía Cisternas pudo haber sido detenida si los carabineros, en vez de dispararle al conductor, disparaban a los neumáticos. Eso se llama, supongo, “uso proporcional de la fuerza”, un elemento que siempre se debería tener en cuenta a la hora de disolver manifestaciones hostiles. Pero parece que el mismo no figura en el manual de los organismos represivos que allí actuaron.

Sí figura, en cambio, en la estrategia comunicacional de la empresa hablar de un “complot comunista” para agudizar el conflicto con vistas a generar desorden y subversión en la zona. Y en apoyo de tal tesis se alude a que uno de los dirigentes gremiales del sector sería miembro del comité central del PC.

De acuerdo a la legislación actualmente vigente, los líderes sindicales no pueden ser candidatos a puestos de legisladores. Esta es una herencia de la institucionalidad dejada por la dictadura. Por tanto, se podría agregar además a esta prohibición la de impedir, por medio de una norma expresa, que los comunistas sean también dirigentes sindicales. Así, si ya la tienen bastante difícil para llegar al Congreso, con el famoso sistema binominal, tampoco podrían aspirar a representar a los trabajadores. Y de a poco se les podrían conculcar sus derechos de tal modo que hasta se los podría declarar ilegales como en la época de Gónzalez Videla, y, cómo no, don Augusto.

Lo cierto es que detrás de toda esta parafernalia macartista se esconde el deseo de no soltar la teta de las ganancias escandalosas a costa de subterfugios tales como la tercerización en la contratación de mano de obra. Para lo cual Bosques Arauco, la filial de Celco, la nave insignia del grupo Angelini, que actúa en la zona, emplea –como otras tantas grandes corporaciones- el viejo truco de la subcontratación. De este modo, ellos pueden decir: este lío no nos concierne a nosotros, sino a nuestras subcontratistas, que son los responsables de mantener en pie un sistema de explotación salvaje y despiadado.

Por eso es que el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, llamó a la empresa a hacer una propuesta seria para cerrar esta pugna cuyo costo social finalmente ha debido pagar el gobierno, haciéndose cargo de una muerte que claramente se puede endosar a la codicia excesiva de los grandes grupos económicos.

Para nadie es un misterio que las condiciones laborales de los trabajadores forestales que venden su fuerza de trabajo a los contratistas de Bosques Arauco son pésimas. “Un operador de sierra gana sólo 70 mil pesos mensuales, y un silvicultor no anda muy lejos de esa cifra. Todo depende de la producción que sea capaz de cumplir. Hay que trabajar hasta 12 o 14 horas para aumentar el sueldo. La subcontratación, a la que Forestal Arauco le saca el máximo de partido, dicen los trabajadores, permite que esas condiciones laborales se mantengan”, señala el diario oficialista La Nación.

Se sabe además que la empresa, en el año 2006, obtuvo ventas por más de 2 mil 850 millones de dólares, con una ganancia de 619 millones de dólares, equivalentes a casi 2 millones de dólares diarios de ganancia, aumentando 41 % respecto del año 2005. Y en este primer trimestre de 2007 lleva 164 millones de dólares de utilidades, según cifras oficiales que algunos estiman son bastante conservadoras.

A partir de esto, se calcula entonces que si la empresa decidiera poner cinco millones de dólares sobre la mesa (menos del 1 por ciento de las rentabilidades que obtuvo el año pasado), existirían buenas posibilidades de que el conflicto laboral se resolviese. Pero no: la sacrosanta mantención a rajatabla del modelo económico imperante exige que los empresarios rechacen la alteración en las reglas del juego que significa que se les intente imponer la negociación interempresa y por áreas, tal como lo hicieron el año pasado los contratistas de Codelco.

Por eso también se protesta a coro cuando se habla de alzar el salario mínimo o de reformas al sistema laboral. Porque el modelo se basa en la casi nula capacidad de negociación de los sindicatos.

Mientras tanto, el mismo suplemento de El Mercurio, Economía y Negocios, que alerta sobre “el peligroso trasfondo del conflicto laboral que afectó a Celulosa Arauco”, desde la óptica, por cierto, de la Corma, informa que Andrónico Luksic se compró un “fabuloso” avión Cessna Citation X cuyo precio superaría los US$25 millones. Y puntualiza que no es el único que se da ese pequeño lujo, mencionando a otros empresarios en la nota, y aclarando que la mantención de un avioncito ejecutivo puede costar entre 350 mil y hasta ocho millones mensuales.

Claro, con ese nivel de gastos, ¿quién puede hacerse cargo, entonces, de atender las molestas reivindicaciones de los trabajadores que son motorizados por la CUT, el Partido Comunista, la insurgencia mapuche o Al Qaeda, siguiendo esa peregrina y mercurial idea que consiste en echarle la culpa al empedrado por la conflictividad social?