La lucha (nada subterránea) por el control del pré-sal

Leo en la Folha de Sao Paulo una noticia que me deja helado: tres diputados de oposición presentaron separadamente enmiendas a los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, y que dicen relación con cómo se explotarán las riquezas petroleras encontradas en la capa geológica del pré-sal, con redacción idéntica y atendiendo a los intereses de las grandes empresas privadas del sector.

El “clonaje” de las ideas allí expresadas es lo que más llama la atención en las propuestas presentadas por los parlamentarios José Carlos Aleluia (DEM, heredero político de la dictadura militar de 1964 a 1985); Eduardo Sciarra, también del DEM o Partido Demócrata, y Eduardo Gomes, del PSDB (Partido Social Demócrata), que tiene entre sus filas a José Serra, actual gobernador de San Pablo y el candidato con mayor intención de voto –de 28 a 39,5% de las preferencias, según diversas encuestas- para las elecciones presidenciales de octubre de 2010.

El Instituto Brasileño del Petróleo, Gas y Biocombustibles (IBP), que reúne a las principales empresas del área petrolera, confirmó, por su parte, que mantuvo contactos con los liderazgos de al menos ocho partidos en Brasilia para interesarlos en sus opiniones. Pero negó la autoría de las enmiendas “clonadas”, aun cuando admitió que el tenor de las mismas coincide con sus apreciaciones.

El IBP es presidido por Joao Carlos Franca de Lula, de la empresa española Repsol, una de las multinacionales más importantes del ramo. Quien reconoció que había partidos dispuestos a acatar integralmente sus puntos de vista, mientras otros “los estaban analizando”.

La enmienda clave que los tres diputados suscribieron, pasando por alto el detalle de presentar el mismo párrafo como si hubiera nacido de su creatividad, sostiene textualmente: “La previsión legal de un monopolio o reserva de mercado para Petrobras (empresa cuyo principal accionista es el Estado) no se justifica en hipótesis alguna”.

“Un asesor perezoso”

Eduardo Gomes admitió que la enmienda fue entregada a él por representantes del sector. “Tengo contacto con todas las asociaciones, todas, el IBP, Sindicom (distribuidoras de combustibles y lubricantes). No tengo vergüenza en relación a ese tipo de auxilio”, sostuvo, arguyendo, asimismo, que los textos idénticos pueden haber sido fruto de un “asesor perezoso”.

Por otra parte, y poniéndose el parche antes de la herida, subrayó que no tiene donaciones de campaña de esas empresas. Aunque sí las tuvo, dijo, del sector eléctrico, sobre el cual ha legislado en aspectos que tienen que ver con su regulación.

Lo malo es que sus colegas no pueden decir lo mismo. Folha investigó el tema y descubrió que el grupo de empresas directamente afectadas por los cuatro proyectos de ley que definen las reglas para la exploración del pré-sal, donaron un total de 28,5 millones de reales (14 millones de dólares) a los candidatos a congresistas, en las elecciones del 2006. Y que el 30 por ciento de los actuales senadores –incluyendo a varios del PT, el partido oficialista de Lula, que es un fiero defensor de Petrobras- recibieron financiamiento del sector.

La pregunta que surge, entonces, es la siguiente: ¿Legisla el pueblo a través de sus representantes o legislan las empresas a través de parlamentarios que, de alguna manera, permanecen cautivos y rehenes de su influencia, en la medida en que llegaron a sus cargos con apoyos económicos que podrían hacer suponer la exigencia de contraprestaciones una vez elegidos?

En los estados liberales modernos se ha reconocido la necesidad de regular jurídicamente el lobby –vale decir, la actividad de cabildeo que realizan algunas empresas de “comunicaciones” a favor de intereses privados específicos-. Y ésta no es de antemano una actividad reprochable o poco ética, si se lleva a cabo en forma transparente y pública.

Lobby sin intermediarios

Pero, ¿qué pasa cuando esa labor de interposición de buenos oficios no es efectuada ni siquiera por terceros sino por los mismos grupos de poder que ven sus intereses amenazados? ¿Y escapa a cualquier tipo de escrutinio, que no sea, como en este caso, el de una prensa atenta y vigilante? ¿Es eso legítimo? ¿Es válido que se permita una práctica que puede conducir, en definitiva, a la oligarquización de la política?

Sólo faltan, para completar el cuadro, un par de datos adicionales:

● Además del fin del monopolio de Petrobras en la operación de los nuevos campos de combustible fósil bajo el lecho del mar (de 140 mil kilómetros cuadrados de extensión), los privados defienden, entre otros puntos, la reducción del poder de Petrosal (la estatal que gerenciaría el nuevo modelo) en los comités de exploración y el fin de la exigencia de que Petrobras tenga un mínimo de 30% de participación en todos los nuevos pozos.

● De las 742 enmiendas presentadas a los proyectos del gobierno sobre el particular, 318 se refieren a la propuesta que cambia el actual sistema de concesiones de los campos, establecido en 1997, durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, por el de reparto (“partilha”, en portugués), en la exploración del petróleo; sistema que, dicho sea de paso, le garantiza un buen pedazo de la torta a Petrobras.

● Los analistas estiman que la oposición, encabezada por los “tucanos” del PSDB, liderados a su turno por Serra, pretende evitar un choque ideológico con el Presidente Lula, que significaría entregarle en bandeja un discurso nacionalista en las vísperas de un año electoral. Además de eso, el propio Serra, que es, según quienes lo conocen, un “fiscalista”, no está demasiado lejos del programa petrolero de Lula, el cual ha sostenido que el descubrimiento de las riquezas del pré-sal abre las puertas de una “segunda independencia” del Brasil, que le permitirá pagar su inmensa deuda social.

● Último, pero no menos importante: Así como las multinacionales se han organizado para hacer lobby en favor de su bolsillo, la Asociación de Ingenieros de Petrobras (Aepet), en alianza con los obreros de esta gigante petrolera, que entró hace tiempo en las grandes ligas del sector, también está pujando por decir lo suyo en la discusión que se avecina en el Parlamento. De hecho, presentaron una propuesta que lisa y llanamente propone retomar el monopolio estatal del petróleo. Tal como en el segundo gobierno de Getúlio Vargas (1951-1954), cuando se acuñó una frase que aún ahora golpea fuerte en el inconciente colectivo de los brasileños: “O petróleo é nosso”.