Las irreductibles sombras del pasado

Brasil tiene muchos motivos para ser optimista: la prensa indica en estos días, citando un estudio de Ernest & Young y el área de proyectos de la Fundación Getúlio Vargas, que este país latinoamericano será en el 2030 el quinto mayor mercado consumidor del mundo, dejando atrás a potencias como Alemania, Gran Bretaña y Francia.

Es más: junto con China, la India y México, según las mismas proyecciones, el CIMB -vale decir, el acrónimo formado por la letra inicial de cada uno de estos países emergentes (siguiendo el modelo BRIC, creado por Jim O´Neill en el 2001, pero excluyendo a Rusia y poniendo en su lugar a los mexicanos)- sería la mayor fuerza de la economía mundial en el 2050, desplazando incluso del primer lugar del podio al G-6 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia).

Son motivos suficientes para descorchar champán y brindar a cuenta de los futuros éxitos. Tal como seguramente se hará el próximo 2 de septiembre, día en que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con sus ministros y el directorio de Petrobras, estará en la plataforma P-34, en el campo de Jubarte, bahía de Espíritu Santo. Allí será extraído el primer chorro de petróleo de la camada pre-sal brasileña. El nuevo cuerno de la abundancia que se supone llevará a Brasil al desarrollo en pocos años más.

Por cierto, nadie quiere jugar el rol de aguafiestas, pero hay temas del pasado que reaparecen de vez en cuando con inusual fuerza y que demuestran que, debido a su naturaleza, no pueden ser barridos debajo de la alfombra. Uno de ellos es el de los crímenes cometidos bajo las dictaduras militares que asolaron al hemisferio entre los 70 y los 80.

Una polémica que se reavivó en Brasil cuando, no hace mucho tiempo, el ministro de Justicia Tarso Genro afirmó que la tortura no puede ser clasificada como crimen político, sino como delito común, y que por lo tanto, quienes lo practicaron podrían ser castigados por la justicia, pues no estaría cubierto por las leyes de amnistía.

Estas declaraciones incomodaron a los militares, quienes a través de los uniformados en retiro e incluso algún general activo, que sólo tomó la precaución de ir de civil y no con todos sus galones a un acto realizado en el Club Militar de Río de Janeiro, se manifestaron indignados ante esta tentativa de sacar a luz los esqueletos guardados en el armario de la reciente historia brasileña.

Algunos de ellos fueron más lejos: acusaron a ex partidarios de la lucha armada en los años 60, como el ministro Genro, la ministra Dilma Rousseff (candidata de Lula para su sucesión), el vocero presidencial Franklin Martins y otros dirigentes del PT, de estar animados por un espíritu de venganza que atentaría contra la reconciliación en Brasil. Y no faltó el extremista que aseguró que el error fue torturar y no matar a los disidentes en la época de Geisel y otros próceres castrenses.

Así las cosas, el Presidente Lula salió a calmar las aguas y dijo que los desaparecidos (que en Brasil no superan los 500, mientras en otros países del Cono Sur se cuentan por millares) debían ser recordados como héroes y no como víctimas. Pero no se pronunció en relación al destino que deberían correr los desaparecedores. Esto es, si merecían castigo o si sólo habría que condenarlos al olvido.

La discusión no es ociosa, pues de por medio está la impunidad. Como dijo el columnista Clovis Rossi, “los agentes del Estado no pueden recurrir a la delincuencia para reprimir la delincuencia de los enemigos”. “Matar en combate es una cosa, pero matar o torturar a quien ya está preso es borrar la frontera entre civilización y barbarie”. Y los propios militares deberían ser los primeros interesados en borrar las manchas que afectan su imagen ante la sociedad, si es que pretenden ser su brazo armado.

El juez español Baltasar Garzón pasó hace algunos días por Brasilia y recordó que “la situación de investigación criminal que se produjo en Chile, en Argentina y en Perú, y que comienza ahora en Guatemala, no está ocurriendo aquí”. El único avance en esta materia son las iniciativas de algunos procuradores del Ministerio Público, al amparo de la ley que creó una Comisión de Derecho a la Verdad y a la Memoria.

Políticos del Partido Demócrata brasileño, que agrupa a herederos de la antigua derecha que militó en el Arena, la agrupación que dio apoyo civil a la última dictadura militar (1964-1985), aseguran que Garzón necesita entender que “tanto en Chile como en Argentina no hubo acuerdo entre gobierno y oposición para una amnistía, como hubo en Brasil”.

Garzón, diplomático al fin a partir de su proyección mediática, alcanzada en gran medida por el juzgamiento de Augusto Pinochet en 1998, evitó aparecer dando consejos. Pero no se privó de señalar que “ningún país está solo en el mundo. Hay una estructura jurídica internacional en derecho penal humanitario. Y si una norma interna colisiona con una norma internacional, aún así se puede exigir su cumplimiento”.

------
Pablo Correa S.
Periodista (Columna publicada en el Diario Hispano Chileno)